Guatemala, 5 de junio de 2025. Este jueves dio inicio en Ciudad de Guatemala el
10° Encuentro Latinoamericano Anti Contrabando (ALAC), un espacio regional de
alto nivel que reúne a representantes de 15 países, autoridades, empresarios y
expertos para abordar de forma estratégica los desafíos del comercio ilícito en
América Latina. El evento se desarrolla durante el 5 y 6 de junio, de 08:00 a 21:00
horas, en el Hotel Westin Camino Real, bajo la organización conjunta de Cámara de
Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI).
En un contexto donde las economías criminales continúan expandiéndose y
sofisticándose, ALAC se consolida como una plataforma clave para el análisis, la
coordinación regional y la acción multisectorial. El comercio ilícito, que incluye
contrabando, falsificación, evasión fiscal y tráfico de productos prohibidos,
representa una amenaza directa para la seguridad, la economía formal y la
sostenibilidad del desarrollo regional.
Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), en 2021 el comercio mundial de productos falsificados superó
los US$ 467 mil millones. Y de acuerdo con un informe de 2024 de la International
Coalition Against Illicit Economies, las actividades ilícitas generan entre US$ 2 y 3
billones al año, lo equivalente de 3 a 5% del PIB global. De ser una nación, la
economía ilícita se ubicaría entre las cinco más grandes del mundo.
Durante las jornadas de trabajo se abordan temas prioritarios como la evolución del
comercio ilícito en la región, las amenazas a la propiedad intelectual, el contrabando
agropecuario y su impacto en la salud pública, la infraestructura crítica para un
comercio seguro y el uso de tecnologías disruptivas para su control. El encuentro
también profundiza en el vínculo entre el crimen organizado, el terrorismo y las rutas
ilegales de comercio.
“No podemos hablar de competitividad sin enfrentar frontalmente los efectos del
comercio ilícito. Esta no es solo una lucha de las aduanas o de las fuerzas de
seguridad; es una responsabilidad compartida que exige una visión empresarial
clara, firme y regional. Guatemala tiene hoy la oportunidad de liderar esa
conversación con hechos y, en la búsqueda de compromisos y evidencias, la
necesidad de atender esto como una prioridad urgente de Estado”, comentó José
González Solé, director de junta directiva de CIG.
